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El Ejercicio de los Derechos Indígenas Aumenta el Riesgo de Criminalización, Encarcelamiento y Muerte

Publicado en CLPI hace 10 meses, 1 semana

El Ejercicio de los Derechos Indígenas Aumenta el Riesgo de Criminalización, Encarcelamiento y Muerte

Ha habido mucho que celebrar desde 2007, el año en que se firmó la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas (DNUDPI)1. La internacionalización de los derechos Indígenas no ha sido un esfuerzo en vano. La adopción de la Declaración, el desarrollo por parte de las Naciones Unidas de los Principios Guías sobre Empresas y Derechos Humanos2 y la mayor atención por parte de corporaciones sobre las temáticas y prácticas del Consentimiento Libre, Previo e Informado (CLPI) han ratificado los estándares mínimos para la consulta y el consentimiento para propuestas de desarrollo en territorios Indígenas. Las comunidades Indígenas han obtenido una mayor visibilidad y un más fuerte perfil político tanto dentro de los Estados Naciones como en el contexto internacional. Las comunidades Indígenas de todo el mundo están aumentando sus comunicaciones y colaboraciones entre ellas. La internacionalización de los derechos Indígenas ha contribuido a incrementar los esfuerzos Indígenas para pedir y ejercer sus derechos a la consulta y la toma de decisiones en cuanto al acceso y al desarrollo en territorios Indígenas y sus recursos. Pero, ¿Para qué?

La respuesta de los estados y las corporaciones no ha reflejado las esperanzas puestas en la Declaración. En 2017, a 10 años de la firma de la Declaración, hay múltiple evidencia documentada de un incremento en la criminalización, la violencia, y las muertes de líderes Indígenas, activistas ya liados. En 2016 se reportó la muerte de 281 personas durante la defensa de tierras Indígenas asociadas a proyectos de minería y otros recursos naturales. También se reportó que, además del significativo y trágico costo en vidas humanas, "muchos más defensores Indígenas de derechos humanos han sido víctimas de ataques violentos, amenazas, desapariciones forzadas, vigilancia ilegal, prohibiciones de viajar, chantaje, acoso sexual y otras formas de violencia y discriminación... y han sido sometidos a afirmaciones falsas de actividad criminal o terrorismo."3 Un reporte del 2016 hecho por la escuela de leyes de Osgoode ha confirmado que únicamente en Latinoamérica han habido más de 700 casos de criminalización asociados a proyectos de minería canadiense4. La relatora de las Naciones Unidas especial sobre los Derechos Indígenas, Victoria Tuali Corpuz, ha declarado que el "Foro se encuentra preocupado, en particular, con los casos donde parece que los intereses de los inversionistas están mejor protegidos que los derechos de los Pueblos Indígenas. Se reitera que los Estados y el sector privado deben respetar los derechos humanos de los Pueblos Indígenas para asegurar la implementación efectiva de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas y los Principios Guía sobre Empresas y Derechos Humanos."5

La internacionalización de los derechos Indígenas es un llamado de alerta. Los 350 millones de Indígenas en el mundo tienen los derechos sobre, y responsabilidades con, sus territorios y recursos. Derechos que no habían sido reconocidos o respetados previaumente. Una década después de la adopción de la Declaración, tanto los Estados Naciones como la comunidad corporativa global deben rendir cuentas sobre la implementación de la Declaración y su adherencia a los Principios Guía. El ejercicio de derechos inherentes, de tratados, y/o internacionalmente reconocido no puede poner a los Pueblos Indígenas en situaciones de violencia, criminalización y/o peligro de muerte.

Referencias:

  1. United Nations Declaration on the Rights of Indigenous Peoples (2017)
  2. United Nations Guiding Principles on Business and Human Rights (2011)
  3. Report of the Permanent Forum (2017) Economic and Social Council, Official Records, Supplement No. 23
  4. Imai, Shin and Gardner, Leah and Weinberger, Sarah, The 'Canada Brand': Violence and Canadian Mining Companies in Latin America (2016)
  5. Report of the Permanent Forum (2017) Economic and Social Council, Official Records, Supplement No. 23